La festividad de este año que incluye cuatro de los más destacados festivales de música en València -el Festival de les Arts, el BigSound, el Love the 90’s y el I Love Reggaeton– y el concierto de Jean-Michel Jarre está en peligro, tras la orden de un juzgado al ayuntamiento de “adoptar las medidas necesarias” debido a las molestias ocasionadas a un grupo de vecinos de la Ciutat de les Arts.
Según informó ayer Levante-EMV, entre las acciones que el ayuntamiento debe considerar se encuentra la posible “revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades” como los festivales y conciertos que tienen lugar en esta área, además de la operación de la discoteca Mya. El consistorio también deberá indemnizar con 3.000 euros a cada uno de los 46 residentes que demandaron a la administración.
Al ser consultada sobre la sentencia del juzgado número 8 de lo contencioso-administrativo, la alcaldesa de València, María José Catalá, explicó que los servicios jurídicos aún no han tomado una decisión sobre un posible recurso, pero sí enfatizó la postura de su gobierno en relación con las competencias municipales: “El Ayuntamiento de Valencia tiene que garantizar el derecho al descanso de los vecinos y vecinas, y lo haremos,” afirmó Catalá.
La alcaldesa subrayó que no pasará por alto la situación ante una sentencia que considera “clara” y reiteró su compromiso de «priorizar el derecho» al descanso de los vecinos dentro de sus competencias en materia de contaminación acústica. “Hay una ponderación de derechos y los derechos fundamentales de unos vecinos siempre deben prevalecer sobre otras cuestiones que se intentarán resolver de la mejor manera posible, pero yo les digo cuál es mi prioridad”, enfatizó la primera edil, reafirmando la posición del consistorio en un conflicto que mantiene en suspenso eventos con miles de entradas ya vendidas.
Respecto a la posible revocación de la autorización para realizar festivales en un área rodeada de residencias, Catalá aclaró que la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), que depende de la Generalitat, es la entidad responsable de determinar la ubicación de los eventos y otorgar las autorizaciones –aunque la denuncia es contra el ayuntamiento y la revocación de dicha autorización ha sido sugerida por el juez al consistorio–.
Por ello, el ayuntamiento establecerá una mesa de diálogo con la Generalitat, Cacsa y los promotores para buscar una solución acordada al problema acústico de los festivales y, si no se recurre la sentencia, buscar alternativas para reubicar los eventos en lugares con suficiente capacidad, como la Marina. «Debemos evaluar capacidades y hablar con los promotores. Hay promotores y festivales diferentes. Aún no hemos comenzado la negociación, la sentencia fue emitida ayer, pero tengo muy clara la responsabilidad del ayuntamiento y trabajaré para cumplir con esa responsabilidad», subrayó Catalá.
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Fuente original: www.levante-emv.com
Publicado originalmente el 2026-03-26 07:00:00 por
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